En la sugerencia al Gobierno de Aragón, de fecha 15 de septiembre de 2017, el Justicia de Aragón, analiza la aplicación del impuesto de sucesiones y argumenta lo motivos por los que este debe ser objeto de modificación.

El análisis de la cuestión analizada por el Justicia parte de la evidente consideración de la  legalidad del Impuesto de Sucesiones que esta formulado dentro de las  competencias compartidas que la Constitución reserva al Estado y a las Comunidades Autónomas, sostiene que es un “impuesto histórico y en recesión, base del sistema recaudatorio de otros tiempos, criticado por hacendistas en cuanto que no encaja bien dentro de un sistema impositivo moderno que tiende a gravar más los beneficios que se producen que la fuente de riqueza que los genera y que además recae sobre las clases medias” 

El Informe continúa planteándose si el impuesto es compatible con el principio de igualdad recogido en la Constitución que prevé los mismos derechos y obligaciones para todos los españoles con independencia de su lugar de residencia, así como un sistema tributario justo, de acuerdo con la capacidad económica de las personas inspirado en los principios de igualdad y progresividad y, por lo tanto, sin excepciones por razón de domicilio o residencia fiscal, pero plantea que su aplicación atenta contra el principio de igualdad en materia tributaria reseñando que

No parece que sea compatible con el principio de igualdad, por no ser objetivo ni razonable y expresamente contrario a lo establecido en el art 139.1 de la Constitución, que la residencia fiscal sea determinante a la hora de pagar este impuesto”.

 A este respecto, advierte que algunas de las Comunidades en las que hay notorias exenciones son vecinas, lo que provoca el que haya desplazamientos reales del domicilio fiscal para obtener un trato más favorable, produciendo un doble efecto perjudicial: pérdida de población y tributación en vida en otras comunidades.

Se hace notar en el informe-sugerencia que el Impuesto de sucesiones tiene un fuerte rechazo social  que no va dirigido a los grandes patrimonios, que pueden hacer una planificación fiscal, sino a la clase media que “ha ahorrado con privación, esfuerzo y sacrificio” pensando en poder vivir dignamente hasta el final de su vida, o en ayudar a sus hijos. A juicio del Justicia de Aragón, es fundamentalmente la clase media ahorradora y urbana la que está pagando este impuesto con sus ahorros, invertidos muchas veces en la compra de un piso, porque pese a que el valor de los inmuebles ha bajado, el de los valores catastrales ha aumentado de manera muy notable, con las consiguientes repercusiones en el impuesto de sucesiones.

Finalmente concluye que  la mejora de la situación económica y el incremento general de la recaudación como datos que la Administración debe tener en cuenta a la hora de replantearse el cobro de este impuesto al señalar que

“es verdad que este país ha pasado una etapa prolongada de crisis económica muy profunda, y que eso ha hecho que la actividad económica y con ello la recaudación disminuyera, pero según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, en el primer semestre de este año la recaudación general de la Comunidad Aragonesa ha subido casi un 10% y la del impuesto de sucesiones casi el 25%.Es verdad, que con la crisis económica había necesidades perentorias que cumplir, porque nadie puede pasar hambre, todo el mundo tiene que tener vivienda digna y acceso a la educación y sanidad, pero afortunadamente, con el esfuerzo y sacrificio de muchos, la actividad económica está mejorando, aunque sea susceptible de mejorar; prueba de ello es que ha disminuido el número de personas sin empleo, de los que reclaman ayudas sociales. Por otra parte hay que tener en cuenta que si a lo largo de los años que ha durado la crisis los salarios han disminuido y se han aumentado los impuestos que gravan los bienes inmuebles, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre el patrimonio, los impuestos generados por plusvalías municipales sobre los carburantes, vertido, etc., se ha producido un auténtico recorte salarial y también fiscal que hay que empezar a corregir”.

Texto de la sugerencia emitida por el Justicia de Aragón sobre el Impuesto de Sucesiones 

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