Moratoria pago cuotas de la Seguridad Social como consecuencia de COVID-19

Moratoria pago cuotas de la Seguridad Social como consecuencia de COVID-19

El BOE publica por fin la Orden Ministerial que desarrolla el artículo artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, transcurrido casi un mes de aquel, con el único fin de regular la moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social y únicamente al respecto de algunas actividades expresamente señaladas en dicha orden que son susceptibles de no haber sido objeto de clausura como consecuencia del estado de alarma.

En los términos que indicamos en la anterior entrada de este blog «Moratoria de pago y aplazamiento de deudas autónomos y pyme con TGSS» el artículo 34 del Real Decreto Ley 11/2020 establecía una moratoria de las cuotas a la seguridad social si bien y sin perjuicio de establecer algunos concretos conceptos de la regulación, sobre todo al respecto de las condiciones de la solicitud de la moratoria  determinaba que fuera el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, quien procediera a su regulación por Orden ministerial.

Orden Ministerial que regula la moratoria, solo para algunas actividades.

La Orden Ministerial se limita a establecer las  las actividades económicas que podrán acogerse a la moratoria de pago de la seguridad social , de acuerdo con la vigente Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), en los términos siguientes:

La moratoria en el pago de cotizaciones sociales prevista en el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, resultará de aplicación a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia cuya actividad económica, entre aquellas que no se encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, esté incluida en los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009):

119 (Otros cultivos no perennes).
129 (Otros cultivos perennes).
1812 (Otras actividades de impresión y artes gráficas).
2512 (Fabricación de carpintería metálica).
4322 (Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado).
4332 (Instalación de carpintería).
4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio
en productos alimenticios, bebidas y tabaco).
4719 (Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados).
4724 (Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería
en establecimientos especializados).
7311 (Agencias de publicidad).
8623 (Actividades odontológicas).
9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza).

Por lo tanto, los autónomos incluidos en estas actividades podrán pedir esta moratoria para las cuotas devengadas entre mayo y julio.

Las empresas, sin embargo, incluidas en los señalados epígrafes de clasificación podrán solicitar la moratoria en el pago de la seguridad social para las cuotas de sus trabajadores de entre abril y junio. Como ya se establecía en aquella regulación por Real Decreto Ley, la moratoria será de seis meses sin intereses y se deberá solicitar dentro de los primeros diez días naturales del plazo reglamentario de ingreso a través de los sistemas online de la web de la Seguridad Social.

De este modo, y sólo para las actividades objeto de determinación en la orden ministerial, podrán solicitarse las primeras moratorias en el pago de las cuotas de la seguridad social antes del 10 de mayo fecha limite para las cuotas de autónomos correspondientes al mes de mayo y las cuotas empresariales de las cotizaciones del mes de abril.

El resto de actividades que no hayan cesado en su ejercicio o aquellas otras que puedan haber iniciado la actividad en las diferentes fases señaladas por el gobierno podrán llevar a cabo los correspondientes aplazamientos de las cuotas de la seguridad social con interés de 0,5% en los términos establecidos en el artículo 35 del Real Decreto Ley.

Para obtener más información al respecto de la moratoria o aplazamientos de cuotas a la seguridad social puedes dirigirte a nuestra asesoría laboral en Zaragoza o directamente pinchar en nuestro WhatsApp de esta entrada.

 

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Condiciones para el rescate de planes de pensiones como consecuencia de la crisis sanitaria

Condiciones para el rescate de planes de pensiones como consecuencia de la crisis sanitaria

El Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo,  publicado en el BOE el día 22 de abril de 2020 viene a completar la regulación establecida en el Real Decreto Ley 11/2020 que posibilita el rescate de los planes de pensiones como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia que estamos sufriendo.

Se complementa, y aclara de este modo, la regulación inicial a partir de la Disposición Adicional 20 del aquel Real Decreto 11/2020 y de la que ya dimos cuenta en la entrada «rescate plan de pensiones como consecuencia de la crisis del coronavirus».

Varias son las condiciones para el rescate del plan de pensiones que son objeto de regulación en la nueva normativa y que son objeto de análisis en la presente entrada por nuestra asesoría fiscal: las condiciones y términos en los que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones, la acreditación de las circunstancias que justifican el rescate del plan de pensión, el plazo máximo al que se vincula dichas circunstancias y el importe máximo del que se puede disponer. Veamoslas:

Acreditación de las condiciones subjetivas del participe para poder acogerse al rescate del plan de pensiones

condiciones para el rescate de planes de pensiones

Mediante la norma, se pretende aclarar cuáles son los elementos que ha de aportar el participe para acreditar las condiciones que dan derecho al rescate del plan de pensiones y que venían definidos en el apartado 1 del la DA vigésima del RDL 11/2020.

Aquella disposición señalaba que:

1. Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Pues bien, la nueva norma viene a determinar cuáles son las condiciones para la acreditación de las circunstancias subjetivas para poder proceder al rescate en los términos siguientes:

Trabajador en ERTE

En el supuesto de encontrarse el partícipe afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, debera presentarse el certificado de la empresa en el que se acredite que el partícipe se ha visto afectado por el ERTE, indicando los efectos del mismo en la relación laboral para el partícipe.

Empresario titular de establecimiento cerrado como consecuencia del estado de alarma

En el caso de que se trate de un empresario forzado al cierre como consecuencia de las disposiciones del Estado de Alarma se presentará declaración del partícipe en la que este manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en el apartado 1, letra b) de la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para poder hacer efectivos sus derechos consolidados.

Trabajadores por cuenta propia que hayan cesado en la actividad como consecuencia del COVID-19

En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo a esta y haya cesado en su actividad durante el estado de alarma decretado por el Gobierno por el COVID-19, se presentará el certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

condiciones para el rescate de planes de pensiones

No obstante, como se señala en  la normativa en su clausula de cierre a los efectos de la acreditación de las condiciones,  si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

Importe máximo que puede ser objeto de rescate

La norma efectúa una aclaración de las condiciones para el rescate de planes de pensiones al respecto de su importe máximo que depende que varía en relación a las circunstancias personales que justifican la solicitud.

Trabajador en ERTE. Importe máximo del rescate del plan de pensiones

Las condiciones para el rescate de planes de pensiones en trabajadores afectados por ERTE determina como importe máximo la mayor de las siguientes dos condiciones:

  • los salarios netos dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE, con un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados con la última nómina previa a esta situación
  • El resultado de prorratear el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 multiplicado por tres en la proporción que corresponda al período de duración del ERTE. En todo caso el periodo de tiempo máximo a computar es la vigencia del estado de alarma más un mes adicional.

Empresario titular de establecimiento cerrado como consecuencia del estado de alarma. Importe máximo del rescate del plan de pensiones.

Las condiciones para el rescate de planes de pensiones en empresarios titulares de establecimientos cerrados como consecuencia del estado de alarma determinan que el importe máximo a rescatar sea como máximo el mayor de las dos condiciones siguientes:

  • Ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir debido a la suspensión de apertura al público, con un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados mediante la presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al último trimestre
  • El resultado de prorratear el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 multiplicado por tres en la proporción que corresponda al período de duración del ERTE. En todo caso el periodo de tiempo máximo a computar es la vigencia del estado de alarma más un mes adicional.

Trabajadores por cuenta propia que hayan cesado en la actividad como consecuencia del COVID-19. Importe máximo a rescatar.

Por último para los trabajadores autónomos que hayan debido cesar en su actividad el importe máximo a rescatar también viene determinado por la mayor de las dos cantidades siguientes:

  • Los ingresos netos que se hayan dejado de percibir como consecuencia de la situación de cese de actividad durante un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, estimados mediante la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al último trimestre.
  • El resultado de prorratear el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 multiplicado por tres en la proporción que corresponda al período de duración del ERTE. En todo caso el periodo de tiempo máximo a computar es la vigencia del estado de alarma más un mes adicional.

 

Como ya indicamos en nuestra primera entrada relacionada con el rescate de los planes de pensiones hay que insistir en la necesidad de que por el participe se examinen adecuadamente las repercusiones que puede tener a nivel de su IRPF del ejercicio de 2020 el rescate. Del mismo modo debe advertirse que puede resultar poco interesante desde el punto de vista económico la retirada de derechos consolidados de planes de pensiones que vinculados, fundamentalmente, a renta variable han sufrido un descalabro en las últimas fechas como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia.

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Modificación régimen módulos como consecuencia del estado de alarma

Modificación régimen módulos como consecuencia del estado de alarma

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, establece dos medidas fiscales que permiten la adaptación temporal de las cuantías de los pagos fraccionados e ingresos a cuenta de los impuestos que se determinan con arreglo a signos, indices o módulos como consecuencia de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y que a continuación pasamos a detallar conforme al resumen realizado por nuestra asesoría fiscal.

La primera de esas medidas tiene que ver con la adaptación proporcional de los módulos al periodo temporal afectado por el estado de alarma con objeto de adecuar lo máximo posible dicho régimen fiscal a los ingresos reales de la actividad, aunque por definición dicho sistema esté aun en situación de normalidad alejado a la realidad de la facturación, y la segunda de las medidas tiene que ver con la posibilidad de la eliminación de la vinculación obligatoria que se establece para la renuncia del régimen de estimación objetiva (por módulos, signos o indices) por un periodo de tres años.

módulos

Calculo de los pagos fraccionados de estimación objetiva de IRPF e IVA en régimen simplificado mientras dure el estado de alarma

La norma aprobada supone la modificación del  régimen de tributación por módulos mientras dure el estado de alarma con una pretendida adaptación del régimen de tributación a la situación de inexistencia de ingresos del autónomo o pyme. Así del indice signo o módulo a ingresar en los trimestres afectados por el estado de alarma se descontarán proporcionalmente los días afectados por esa situación de inactividad. Esto es, respecto al primer trimestre las actividades que hayan cesado, abonaran el módulo proporcionalmente a los días en alta, esto es, en buena lógica y salvo altas posteriores al inicio del ejercicio del 1 de enero al 14 de marzo de 2020. Para el segundo de los trimestres, dicho pago será proporcional al periodo en que la actividad se mantenga en situación de normalidad.

Dichas circunstancias vienen reguladas en el artículo 11 del Real Decreto Ley 15/2020 en los siguientes términos:

Artículo 11. Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota trimestral del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia del estado de alarma declarado en el período impositivo 2020.

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y determinen el rendimiento neto de aquellas por el método de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado en función de los datos-base a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 110 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.

2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que desarrollen actividades empresariales o profesionales incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y estén acogidos al régimen especial simplificado, para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020, a que se refiere el artículo 39 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.

Limitación temporal de los efectos de la renuncia a la estimación objetiva durante el año 2020

Con objeto de flexibilizar en la medida de los posible los efectos de la situación económica se elimina la limitación temporal derivada de la renuncia del régimen de estimación objetiva para hacer posible que autónomos y pymes en ese régimen fiscal puedan renunciar a su utilización durante el ejercicio de 2020 sin que se mantenga su obligación de mantenerse en régimen de estimación directa durante el periodo de tres años. De este modo un autónomo o pyme podrá tributar durante el ejercicio de 2020 en estimación directa (ingresos-gastos) y volver nuevamente al régimen de módulos en el año 2021.

Esta eliminación de la limitación temporal de la vuelta al sistema de módulos viene determinada en el artículo 10 del Real Decreto Ley en los términos siguientes:

Artículo 10. Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020.

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de estimación objetiva y, en el plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, renuncien a la aplicación del mismo en la forma prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y revoquen la renuncia al método de estimación objetiva en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 en la forma dispuesta para el método de estimación objetiva.

La renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la posterior revocación previstas en el párrafo anterior tendrá los mismos efectos respecto de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto General Indirecto Canario.

Nuestra opinión. Las medidas establecidas por el Real Decreto Ley 15/2020 pueden servir para atemperar la afección que la propia estimación objetiva supone en el régimen fiscal de autónomos y pymes. Al respecto de la proporcionalidad en el pago del modulo no deja de ser una medida ya existente al respecto de la situación de incapacidad del autónomo por cuanto, en esos caso, este paga en proporción a los días de alta.  Respecto a la segunda de las medias consideramos necesario  valorar en cada caso concreto  supuestos los efectos que dicha modificación del régimen puede tener en la actividad económica (nuevas obligaciones formales, libros etc …) y sobre todo, y en algunos casos, en que la actividad se encuentra cerca de los limites del módulo la aportación de diversa información a la AEAT que la misma a la fecha desconoce.  Dicho de otro modo, en este segundo caso, la aportación de datos derivados de una estimación directa puede ser perjudicial en un momento posterior de vuelta a los módulos por lo que conviene valorar muy mucho dicho cambio, aunque el mismo sea por definición temporal.  Para cualquier cuestión que requieras al respecto de este particular, no dudes en comentarla en la presente entrada o, si así lo requieres, te informes a través de nuestro chat o en los medios acostumbrados de nuestra asesoría fiscal.

 

 

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Moratoria en el arrendamiento de autónomos y pymes

Moratoria en el arrendamiento de autónomos y pymes

El Consejo de Ministros del día 21 de abril aprobó el establecimiento de una moratoria en el arrendamiento de inmuebles para uso distinto al de vivienda (locales comerciales, industriales etc…) de los autónomos y pymes con una limitación temporal de cuatro meses y con la posibilidad de utilización e la fianza en su día depositada para el pago de alguna de las rentas que se aplazan.

Esta medida tiene por objeto amortiguar la repercusión de la crisis en las pequeñas y medianas empresas y autónomos, mucho de los cuales, sin la posibilidad de abrir sus negocios deben dar cumplimiento a las obligaciones de pago de los arrendamientos vigentes.

Dicha normativa, recogida en el Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril de de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo ha sido objeto de publicación en el BOE de 22 de abril que a continuación pasamos a resumir.

¿A quién va dirigida la moratoria en el arrendamiento?. Requisitos subjetivos de aplicación de la moratoria en el arrendamiento de autónomos y pymes.

La moratoria en el arrendamiento va dirigida a autónomos y pymes en los que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto Ley.

  • El inmueble arrendado debe estar afecto a la actividad económica desarrollada
  • Para el caso de los autónomos:
    • Deberán estar afiliados y en alta en la fecha de declaración del estado de alarma
    • La actividad económica que desarrollaba el autónomo ha de haber sido suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del estado de alarma
    • En aquellos casos en que la actividad económica no sea de las directamente suspendidas como consecuencia del estado de alarma deberá acreditarse  la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
  • Para el caso de las pymes:
    • Que sea una de las sociedades que puedan formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados (257.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital), esto es, que cumplan dos de las tres características reseñadas en esa norma: menos de 50 trabajadores, que su activo no supere los 4 millones de euros o que el importe neto de la cifra de negocio anual no supere los 8 millones).
    • La actividad económica que desarrollaba la pyme ha de haber sido suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del estado de alarma
    • En aquellos casos en que la actividad económica no sea de las directamente suspendidas como consecuencia del estado de alarma deberá acreditarse  la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

El cumplimiento de estos requisitos deberá ser objeto de acreditación por el arrendatario ante el arrendador en los términos establecidos en el artículo 4 de la norma mediante declaración responsable y/o presentación de documentación acreditativa de la bajada de los ingresos o en su caso, mediante la acreditación del cese de la actividad mediante certificado expedido por la Comunidad Autónoma o la AEAT.

moratoria en el arrendamiento de autónomos

¿A qué arrendamientos se aplica la norma? Depende de quien sea el propietario del arrendamiento a aplazar.

La normativa aprobada establece una moratoria en el arrendamiento de autónomos y pymes diferenciada al respecto de quién es el propietario del inmueble arrendado de modo que en unos casos dicha norma resulta de obligado cumplimiento (grandes tenedores de inmuebles) y en  otros en los que no se dan las circunstancias subjetivas al respecto del propietario del inmueble la norma tiene un carácter simplemente potestativo.

Arrendamiento con grandes tenedores de inmuebles

En el caso de que el arrendamiento de local o industria este efectuado con empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor la moratoria en el pago resulta obligatoria para éste.

Como gran tenedor de inmueble la norma define que lo es la persona física o jurídica que:

  • sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros
  • o de una superficie construida de más de 1.500 m2

En ese caso para aplicar la moratoria en el arrendamiento de autónomos y pymes, deberá solicitarse esta en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la norma, esto es, hasta el 23 de mayo de 2020.

La moratoria en el pago de la renta arrendaticia se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

La renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación de crisis, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

Arrendamiento con el resto de propietarios (no grandes tenedores de inmuebles)

Para el caso de que el autónomo o pyme mantenga contrato de arrendamiento con persona física o jurídica que no tenga la condición de gran tenedor de inmuebles la solicitud a efectuar al arrendador, que deberá efectuarse también antes de 23 de mayo de 2020, tendrá carácter de potestativa para aquel. Por tanto el aplazamiento temporal y extraordinario se torna voluntario en este caso para el propietario.

Para incentivar este tipo de acuerdos, insistimos voluntarios para las partes, se establece la posibilidad de que las partes utilicen la fianza depositada en el momento de la celebración del contrato para el pago total o parcial de las rentas aplazadas. En ese caso de la devolución a realizar de las cantidades aplazadas deberá realizarse en el plazo de un año mediante la reposición de la fianza (o parte de la misma) o en el caso de al contrato le restase menos de un año, antes de su finalización.

Consecuencias de la aplicación indebida del régimen jurídico del aplazamiento.

Como clausula de cierre del sistema de aplazamientos la norma establece una «advertencia» de responsabilidad a aquellos autónomos y pymes que obtengan el aplazamiento sin cumplir los requisitos de carácter objetivo definidos en la misma, mayoritariamente, incumplimiento de los límites del 75% de descenso de ingresos que entendemos pensado fundamentalmente en el fraude en la solicitud al respecto de los «grandes tenedores» porque parece evidente que el carácter potestativo de la moratoria dirigida a los titulares que no tengan la condición de grandes tenedores debe regirse por la voluntad de las partes.

Si te surgen dudas al respecto de la aplicación del presente régimen, no dudes en comentarlas en los comentarios de este post o dirígete a nosotros a través de cualesqueira medios que ponemos a tu disposición: el chat de esta entrada o nuestra página de contacto.

 

 

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Testamento sin notario en tiempo de pandemia

Testamento sin notario en tiempo de pandemia

En la situación de crisis sanitaria en que nos encontramos con afección al estrato con edad más avanzada de nuestra sociedad surgen dudas acerca de la posibilidad de testar en el domicilio y en su caso de su forma y validez posterior.

En el presente post se señalan esquemáticamente cuáles son las formas jurídicas válidas para hacer un testamento sin notario, en los tiempos de pandemia actuales, conforme a su regulación legal en el Derecho Civil.

En el ámbito del Derecho Común, nos encontramos ante tres figuras para hacer un testamento sin notario: el testamento ológrafo, el testamento en caso de epidemia y el testamento en inminente peligro de muerte.

Algunas comunidades de Derecho Foral, como es el caso de la aragonesa, introducen ciertos matices en dichas formas de testar que no dejan de ser cierta adaptación a las normas especiales del ámbito territorial. Por ejemplo, el Código de Derecho Foral de Aragón añade a la regulación del testamento ológrafo la posibilidad de su formalización de modo mancomunado.

El testamento ológrafo

El testamento ológrafo es aquel que se redacta a mano y está firmado por el propio testador siendo el más conocido testamento sin notario.

testamento sin notarioEl Código Civil exige la mayoría de edad para otorgarlo, algo que supone una excepción respecto a la norma general, ya que la libertad de testar comienza a los 14 años.

Para que sea válido este testamento deberá estar escrito todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue. Si contuviese palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma.

Si no estuviera escrito todo él por el testador y firmado, o apareciera rayado o enmendado no tendría validez alguna pasando a ser una mera «carta de intenciones» o de «despedida».

Para que cumpla los efectos que le son propios, además de dar cumplimiento a las normas propias de la testamentaría, deberá ser adverado y protocolizado por Notario en el plazo de cinco años tras el fallecimiento del causante.

En el caso de Aragón, como ya hemos anticipado,  el testamento mancomunado también puede ser ológrafo; en este supuesto basta con que haya sido redactado por uno de los testadores y firmado por el otro en todas sus hojas y haciendo constar que desea que valga también como su acto de última voluntad.

Testamento en peligro inminente de muerte

Conforme al artículo 700 del Código Civil, «Si el testador se hallare en peligro inminente de muerte, puede otorgarse el testamento ante cinco testigos idóneos, sin necesidad de Notario».

 Este testamento sin notario, caduca transcurridos dos meses desde que haya salido el testador del peligro de muerte o, si fallece el testador y no se protocoliza el testamento en los tres meses siguientes a dicho fallecimiento.

Testamento en situación de epidemia

El último de los testamentos sin notario analizados es el testamento en caso de epidemia que se encuentra regulado en el artículo 701 del Código civil. Puede otorgarlo cualquier persona que se encuentre en el lugar donde exista la epidemia, aunque ésta no haya sido declarada oficialmente y no es necesario que  el testador esté afectado por la epidemia.

Ha de otorgarse antes tres testigos que conozcan al testador y que, como mínimo, tengan cumplidos los dieciséis años de edad. Tanto este testamento como el otorgado en inminente peligro de muerte, deberán presentarse ante la autoridad judicial para que ordene su oportuna protocolización.

Para un mayor detalle y comprensión de estas figuras jurídicas, sus dificultades y consecuencias, recomendamos la lectura de los post como siempre excepcionales  del Notario D. Francisco Rosales en su blog :

Del mismo modo te indicamos que si tienes alguna duda al respecto y te encuentras en una de esas fatidicas situaciones consultes telefónicamente ante el Colegio Notarial de tu demarcación o contactes con un profesional del Derecho para que te guíen en los pasos fundamentales a llevar a cabo para hacer un testamento sin notario que sea válido.

 

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