Convenio especial Seguridad Social para cuidadores de dependientes

Convenio especial Seguridad Social para cuidadores de dependientes

Desde 1 de abril de 2019 los cuidadores de personaS dependientes podrán suscribir convenio especial con la Seguridad Social para el pago de sus cotizaciones por el Estado.

Se recupera de este modo el régimen jurídico derogado en el año 2013 con la recuperación del convenio especial para cuidadores de dependientes regulado por primera vez en el año 2007.

La medida ha sido reactivada a través del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, al que también nos hemos referidos en nuestra entrada «requisitos de acceso al permiso de paternidad». A continuación te compartimos una breve guía para conocer las características principales de estos convenios que permiten que las cotizaciones del cuidador del dependiente sea abonada por la Administración del Estado.

Cómo suscribir el convenio especial para cuidadores de dependientes

El convenio especial para cuidadores de dependientes está dirigido a aquellas personas que están designadas como cuidadoras no profesionales en el Programa Individual de Atención, elaborado por los Servicios Sociales correspondientes al municipio de residencia de la persona solicitante. Para suscribirlo es necesario que el cuidador no esté dada de alta en la Seguridad Social en ningún régimen a tiempo completo ni en el desempleo.

Además, la persona que recibe los cuidados tiene que tener reconocida la prestación económica de dependencia para dar opción a su cuidador a suscribir el convenio especial.

La solicitud para la suscripción del convenio especial deberá dirigirse a la sede de la TGSS, bien presencialmente, bien en la sede electrónica y deberá acompañar al formulario correspondiente la resolución de la prestación económica de la dependencia y el DNI tanto del cuidador no profesional como de la persona dependiente.

Base de cotización y abono por parte la Administración

El convenio especial permite el establecimiento de bases de cotización diferenciadas con unas consecuencias en el pago de las cotizaciones.

  • Si el interesado al suscribir el convenio especial opta por la base de cotización equivalente al tope mínimo del régimen general, el pago de la cuota será asumida en su totalidad por la Administración.
  • Si el cuidador no profesional opta por una base de cotización superior, la Administración del Estado asume la cuota correspondiente a la base mínima de cotización y el cuidador paga por el resto, es decir, por la diferencia entre la base que haya elegido y la base mínima.

Plazos para la solicitud, efectos y vigencia de los convenios especiales

Convenio suscritos con anterioridad a 1 de abril de 2019.

Los convenios especiales de cuidadores no profesionales de dependientes, suscritos con anterioridad al 1 de abril, continúan vigentes, pero la consecuencia de la aprobación de la nueva medida supone que los interesados ya no tendrán que hacer frente a las cuotas. Su financiación corre por cuenta exclusiva de la Seguridad Social.

Cuidadores de personas dependientes que no tenían suscrito convenio alguno

Los cuidadores cuya persona dependiente tenía reconocida la prestación económica con anterioridad al 1 de abril tienen 90 días naturales para solicitar la suscripción del convenio especial.

Produciéndose la solicitud en el plazo reseñado, los efectos del convenio especial se extenderán desde la fecha de entrada en vigor de la medida, es decir, desde el propio 1 de abril de 2019.

Obviamente si lo suscriben con posterioridad al 30 de junio, el convenio tendrá efectos a partir de la fecha de solicitud.

Nuevos dependientes y convenios para sus cuidadores no profesionales.

Los cuidadores de personas cuya prestación económica por dependencia sea reconocida a partir del 1 abril tienen 90 días para solicitar el convenio si quieren que sus efectos sean desde la fecha en la que se les haya reconocido la prestación. Si se solicita después de esos 90 días naturales, el convenio tendrá efectos desde la fecha de suscripción del mismo.

Vigencia de los convenios especiales

En el caso de que el cuidador pase a ser titular de una pensión de jubilación, incapacidad permanente de viudedad o de favor familiar o cumpla los 65 años, tendrá que dar de baja su convenio.

También se extingue el convenio especial cuando fallece la persona asistida, se deja de percibir la prestación económica para cuidados familiares o se dejan de prestar servicios como cuidador.

Permiso de paternidad. Requisitos para el acceso desde 1 de abril 2019

Permiso de paternidad. Requisitos para el acceso desde 1 de abril 2019

Desde el pasado 1 de abril, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación el permiso de paternidad se ha ampliado hasta las 8 semanas de duración.

El permiso de paternidad que irá ampliándose progresivamente en su duración hasta que en 2021 los permisos de maternidad y paternidad estén equiparados, y cuenten ambos con 16 semanas de duración está sometido, obviamente al previo cumplimiento de los requisitos que a continuación te explicamos.

 

Requisitos del permiso de paternidad

1º Para la solicitud del permiso de paternidad, hay que ser trabajador por cuenta propia o ajena y estar afiliado en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

2º.- Con carácter general, el trabajador tiene que tener cumplido un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del disfrute del permiso, o 360 días en toda su vida laboral.

En el caso de trabajadores a tiempo parcial, se aplicará un coeficiente global de parcialidad sobre los últimos siete años para acreditar el período mínimo de cotización exigido para el disfrute de la prestación.

Los trabajadores en pluriactividad, podrán  percibir la prestación de cada uno de los regímenes en los que reúnan los requisitos exigidos, pudiendo disfrutar de una doble prestación.

3º.- Para el caso del disfrute de permiso de paternidad derivado de menor adoptado o acogido, además, se exige que el menor a adoptar o a acoger sea menor de 6 años o, en su caso, menores de 18 con un grado de discapacidad superior al 33% o que, por sus circunstancias personales o por provenir del extranjero, tengan dificultades de inserción social o familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes

 

Cuantía de la prestación económica de paternidad

La prestación económica por paternidad será de un subsidio equivalente al 100 % de la base reguladora que esté establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Se tomará como referencia la fecha de inicio del periodo de descanso.

El resultado se calcula dividiendo el importe de la base de cotización del trabajador en el mes anterior al de la fecha de iniciación del permiso por paternidad entre el número de días a que dicha cotización se refiere. Este importe está exento del pago del IRPF

 

Acceso a la normativa de aplicación: Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

+información: Laboral RC Gestión Jurídica

 

Las empresas deberán establecer el control horario antes del 12 de mayo de 2019

Las empresas deberán establecer el control horario antes del 12 de mayo de 2019

Las empresas deberán establecer el sistema efectivo de control horario antes del 12 de mayo de 2019.

Ya ha sido publicado el Real Decreto de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (Real Decreto 8/2019) que, entre otras, establece la nueva obligación del establecimiento de sistema de control horario para acreditar la jornada laboral de los trabajadores.

Como ya señalamos en este blog, la nueva obligación para el registro horario de la jornada laboral no distingue ni entre el tipo de empresa, ni el tipo de contrato de trabajo para establecer la obligación de acreditar la existencia del control horario y lógicamente establece unas considerables sanciones a aquellas que no den cumplimiento a la señalada obligación. Veamos a  continuación cuál es la regulación exacta de esta materia en el Real Decreto-Ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo

El Real Decreto Ley 8/2019 establece a este respecto dos concretas modificaciones:

    1. Modifica el Estatuto de los Trabajadores para establecer como derecho de los trabajadores el del conocimiento de su jornada laboral de modo que  al regular el registro de jornada pretende  garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, creando  un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas posibilitando  el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Con ello, se facilita la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y, en consecuencia, sobre el salario, y se sientan las bases para acabar con un elemento de precariedad de las relaciones laborales, reconociendo el papel de la negociación colectiva.
    2. Consecuentemente con ello  modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, para tipificar como infracciones en el orden social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.

Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores al respecto del control horario

A su vez dos son las modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores al respecto del registro de jornada o control horario:

  • Se añade un apartado 9, al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para señalar que:

9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

  • Se establece la posibilidad de que algunos sectores puedan establecerse singularidades al respecto del control horario al introducir dicha circunstancia en el artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores (en cursiva y negrita):

«7. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran.»

Modificaciones en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para incluir sanciones relacionadas con el control horario

  • Se modifica el apartado 5 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores.»

De este modo se reputarán como INFRACCION GRAVE toda aquella vulneración de las obligaciones de control horario o registro de jornada, pudiendo llevar aparejadas sanciones que van desde los 626 € hasta los 6250 €.

El plazo de adaptación a la norma ha quedado fijado en el 12 de mayo de 2019, por lo que las empresas vienen obligadas al establecimiento del control horario con anterioridad a esa fecha.

El Real Decreto fija en dos meses desde su publicación el plazo que tienen las empresas para su adaptación a los sistemas de control horario que tengan por conveniente, por lo que dado que la publicación de la norma se produjo el 12 de marzo de 2019, se cuenta hasta el 12 de mayo de 2019 para dicha adaptación al registro horario.

Ahora toca analizar por cada empresa, tamaño, tipo de actividad, cuáles deben ser los sistemas a implantar para el establecimiento del señalado control horario. Este en muchos de los casos podrá configurarse con una simple «hoja de control» «cuaderno» o similar donde el trabajador firme la hora de entrada y de salida al trabajo. La norma no prescribe la obligación de establecer programas informáticos de registro, sistemas digitales etc … por lo que el empresario debiera calibrar, a la hora de su implantación, cuál son sus verdaderas necesidades para no matar bombas a cañonazos a la hora de establecer el sistema. Le lloverán multitud de ofertas informáticas a estos efectos, valore los costes de los mismos y sus verdaderas necesidades!!!. Para cualquier duda al respecto, no dude ponerse en contacto con nuestro servicio laboral.

 

Registro horario. Nueva obligación para las empresas

Registro horario. Nueva obligación para las empresas

El Consejo de Ministros del 8 de marzo de 2019 ha aprobado una nueva obligación para las empresas, la relativa a la llevanza de un registro horario.

La nueva normativa, que modifica varios de los artículos del Estatuto de los Trabajadores, en concreto, los artículos 4,12, 34 y 35, y que ha visto la luz a través de la «formula» del Real Decreto Ley, aprueba como nueva obligación para las empresas la de llevar un registro horario.

Mediante la reforma normativa el ejecutivo pretende establecer la obligatoriedad de registrar el inicio y la finalización de la jornada laboral.

Mediante el registro horario se pretende:

    • garantizar el cumplimiento de los límites del horario de trabajo
    • posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las jornadas de los trabajadores.
    • facilitar la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y por tanto, sobre el salario.
    • Y de un modo indirecto, sentar las bases para acabar con uno de los elementos que precarizan las relaciones laborales.

Entre las características más destacadas de la obligatoriedad del registro horario, y sin perjuicio de su confirmación tras las publicación de la norma en el BOE destacan las siguientes:

    • Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación en el BOE para llevar a cabo las labores propias para el establecimiento del registro horario en la empresa.
    • La obligación del control horario lo es para todo tipo de trabajadores de la empresa, independientemente del tipo de contrato que lo una. Esto es, no se trata únicamente de los contratos a tiempo parcial sino de todo tipo de trabajadores.
    • Las empresas deberán guardar el registro horario durante, al menos, cuatro años. Por tanto mucho más del limite de exigibilidad de los importes devengados a favor del trabajador.
    • No tendrán el carácter de registro horario ni los cuadrantes ni los calendarios laborales.
    • Los representantes legales de los trabajadores deberán recibir información sobre los registros y ser informados, o, consultadosm con los métodos utilizados para la implementación sistema de registro horario.

 

En fecha de 12 de marzo de 2019 se ha publicado el Real Decreto Ley que establece la obligación del registro horario … nuestro enlace explicándolo: las empresas deberán establecer el control horario antes del 12 de mayo de 2019. 

Hipoteca inversa, el complemento a la pensión pública

Hipoteca inversa, el complemento a la pensión pública

En el estado actual del sistema de pensiones, fórmulas como la hipoteca inversa pueden suponer un complemento económico para el pensionista.

Como es de sobras conocido por todos, el sistema de pensiones públicas español va a tener que llevar a cabo una profunda remodelación que con toda seguridad supondrá una disminución del importe de las prestaciones a recibir por los cotizantes en el futuro. En ese contexto, y aunque no haya sido objeto de éxito comercial, por el momento, la hipoteca inversa, en sus diferentes modalidades puede suponer el incremento de los ingresos.

Esta fórmula de ingresos para el pensionista permite obtener liquidez a través del activo tradicional español: la vivienda habitual a la que tradicionalmente ha ido destinado el ahorro familiar durante la vida laboral.

¿que es la hipoteca inversa?

La hipoteca inversa es un préstamo hipotecario para personas mayores de 65 años por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente unas cantidades, ya sean en forma de importe único inicial a la firma o en forma de mensualidades (o una combinación de ambas), a cambio de que ésta utilice su vivienda como garantía. Lógicamente, La cantidad que abone la entidad financiera dependerá del valor de la vivienda y de la edad del cliente, por lo que a mayor valor y a mayor edad del hipotecante, mayor importe se puede recibir.

Regulación de la hipoteca inversa

La regulación de la hipoteca inversa viene establecida en la Disposición Adicional Primera de la Ley 41/2007 de reforma del mercado hipotecario en la que se establecen los elementos necesarios de este producto financiero:

 

Préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante y siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) que el solicitante y los beneficiarios que éste pueda designar sean personas de edad igual o superior a los 65 años o afectadas de dependencia o personas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

b) que el deudor disponga del importe del préstamo o crédito mediante disposiciones periódicas o únicas,

c) que la deuda sólo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios,

d) que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de acuerdo con los términos y los requisitos que se establecen en los artículos 7 y 8 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.

La característica definitoria de la hipoteca inversa y su ventaja como elemento para generación de liquidez y mejora de las condiciones económicas del pensionista estriba en que a diferencia de otros préstamos hipotecarios, la persona mayor no tiene la obligación devolver el dinero prestado. Serán sus herederos los encargados de liquidar la deuda con la entidad en el momento del fallecimiento de esta. El producto está ideado para que en ese momento, la deuda sea inferior al valor del inmueble. Los herederos cuentan con un plazo normalmente de un año, y durante ese tiempo tienen varias opciones: pueden vender la vivienda, pagar la deuda, y quedarse con la diferencia; pueden suscribir una nueva hipoteca para ir pagando la deuda, o simplemente pueden liquidar la deuda con su propio dinero y quedarse con la vivienda.

Además de esa sustancial ventaja la hipoteca inversa no genera obligación alguna de tributar, por cuanto la entrega de dinero no se califica como entrega de renta, sino simplemente como préstamo y sus gastos (actos juridicos, registro, notario…) son sustancialmente inferiores a los de una hipoteca convencional, por cuanto fueron objeto de la oportuna bonificación legal.Pese a las excepcionales ventajas que supone este tipo de producto financiero ligado a la mejora de las condiciones de vida del pensionista como complemento al importe de la pensión, las cifras de contratación de este producto son irrisorias (Según el Consejo General del Notariado, en 2017 se constituyeron en España apenas 31 préstamos de este tipo), lo que evidentemente y dadas las perspectivas de las pensiones públicas españolas, esconde un evidente margen de sustancial mejora.

 

Autónomo colaborador. Contratar a un familiar

Autónomo colaborador. Contratar a un familiar

Analizamos en esta entrada cuáles son los requisitos para la contratación de un familiar como autónomo colaborador, las circunstancias que deben cumplirse para llevar a cabo a este tipo de contratación y cotización y las obligaciones que se derivan para el autónomo colaborador y para el autónomo principal.

Como hemos indicado en alguna ocasión en este blog, no existe una única forma de autónomo, sino que las diversas circunstancia en las que se puede encontrar un autónomo supone su encuadre en una u otra figura específica de ese régimen, con la consiguiente diferencia en cuanto a obligaciones y costes. Así, junto al autónomo «de toda la vida»,  esto es, aquel trabajador por cuenta propia, persona física, que a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa realiza una actividad empresarial o profesional, podemos encontrarnos con el autónomo colaborador, el autónomo societario, el autónomo económicamente dependiente, el autónomo agrario …

¿Quien debe encuadrarse como autónomo colaborador?

Como idea fundamental deberemos partir de la consideración  de que un autónomo colaborador es un familiar directo del trabajador autónomo titular que trabaja para él.

 Los requisitos para que un autónomo deba cotizar como autónomo colaborador son:

  • Familiar directo: cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.
  • Que estén ocupados en su centro o centros de trabajo de forma habitual. No debe tratarse de una colaboración puntual.

Bonificaciones en el inicio de la actividad del autónomo colaborador

Las «ventajas» de la consideración como autónomo colaborador derivan del diferente tratamiento al respecto de las cotizaciones respecto al autónomo «normal», ya que sus cotizaciones son diferentes a este en lo primeros meses de cotización (hasta los dos años), con objeto de permitir la incorporación de ciertos familiares a la empresa familiar.

– Bonificación del 50% de la cuota de autónomos durante los 18 meses posteriores al alta.

– Bonificación del 25% desde el mes 19 al 24.

Para conocer el importe de las cotizaciones de los autónomos para 2019 puedes visitar nuestra entrada «novedades en la cotización de autónomos» 

Impuestos del autónomo colaborador y nómina. 

El hecho diferencial del autónomo colaborador, respecto al autónomo principal, es la innecesaria asunción de las obligaciones fiscales de aquel. Dada su relación de parentesco con el autónomo principal su régimen se asemeja al de un trabajador por cuenta ajena,  recibiendo la correspondiente nómina por dicho trabajo sin que sea necesaria la realización de otras obligaciones fiscales diferentesa las derivadas del IRPF anual como cualquier trabajor por cuenta ajena. Por ello, no realiza ni declaraciones trimestrales de IVA ni de IRPF. Es más su cotización la abona el autónomo principal o empresario, al igual que su nómina por el trabajo desempeñado.