ERTE en Aragón: Ampliación de plazos de resolución

ERTE en Aragón: Ampliación de plazos de resolución

Ampliación plazo de las resoluciones de ERTE en Aragón

Como ya examinamos, el Real Decreto-Ley 8/2020 establecía modificaciones procedimentales a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para adecuarlos a la crisis sanitaria en la que nos encontramos, en la esperanza de ser el instrumento laboral oportuno para el mantenimiento del empleo en nuestro país, como ya señalamos en «modificación régimen Erte por coronavirus».

De entre las especialidades procedimentales que el Real Decreto establecía, el artículo 22.2 c) atribuía el exiguo plazo de cinco días para la adopción de la resolución de la Autoridad Laboral en los términos siguientes:

“La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor”.

La lógica avalancha de procedimientos ante la Autoridad Laboral ha supuesto en Aragón la imposibilidad de llevar a cabo una mínima instrucción necesaria para llevar a cabo las resoluciones procedimientales, circunstancia que ha supuesto la necesidad de ampliación plazos de resolución por el Departamento de Economía, Planificación y Empleo.

Orden de 27 de marzo de  2020 que amplía plazo de la resolución ERTE en Aragón

La Orden de  27 de marzo de 2020, de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, publicada ese mismo día 27 en el BOA en un fascículo especial de la edición del diario oficial, eleva el plazo hasta los 10 días, circunstancia que justifica en la imposibilidad de atender con todo el personal destinado la tramitación de los expedientes. Ampliación de plazos de resolución

La Orden justifica materialmente la adopción de la ampliación de plazos de resolución literalmente en : «hay que indicar que el personal de la citada Dirección General dedicado a la tramitación de los expedientes (7 personas) ha sido ampliado hasta 85 por la incorporación de todo el personal disponible del departamento, al que se le está dando la formación necesaria, de forma rápida y eficaz, con la dificultad añadida de la especialización de la normativa laboral de aplicación», circunstancia que habla bien a las claras del gran número de expedientes que han entrado ya en el Gobierno de Aragón (más de 1500 según la Orden) y los que se espera entren.

Importancia de la ampliación de plazos de resolución a los efectos del silencio administrativo

La Orden autonómica tiene fundamentalmente una implicación técnico-jurídica importante, puesto que de conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo la inexistente resolución del ERTE en plazo por la Autoridad Laboral supone entender la misma aprobada por silencio administrativo y ello, por cuanto ni el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, ni el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, fijan las repercusiones del silencio administrativo por parte de la autoridad laboral, por lo que, atendiendo al régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado regulado en el art. 24 Ley 39/2015, de 1 de octubre, como regla general, se otorga al mismo sentido positivo, salvo que se establezca lo contrario en las normas que en el citado artículo se señala.

Esa ampliación de plazos de resolución de los ERTE, además, no solo afecta a los expedientes que se tramiten a partir de la fecha de publicación de la Orden, sino que precisamente y en atención a su fundamentación jurídica -basada en el artículo 23.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que permite esa ampliación iniciado el procedimiento- entendemos que se aplica a la totalidad de los procedimientos ya iniciados ante la Autoridad Laboral Aragonesa.

 

 

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Medidas de protección al empleo en la crisis sanitaria

Medidas de protección al empleo en la crisis sanitaria

Medidas para la protección al empleo en la crisis sanitaria

El Real Decreto Ley 9/2019 de 27 de marzo, publicado el día 28, introduce una serie de medidas de protección al empleo en la crisis sanitaria del COVID-19 que complementan y aclaran las medidas ya contempladas en el Real Decreto-Ley 8/2019 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 del que ya nos hicimos eco en las entradas «modificación ERTE por coronavirus» y «cese de actividad del autónomo por coronavirus» en el que tratábamos de simplificar las dos medidas fundamentales puestas en marcha por el Gobierno en el estado de alerta en el que nos encontramos.

Novedades en el régimen de los ERTE. Silencio positivo y recordatorio del régimen sancionador en situaciones de fraude.

La  Disposición Adicional Primera de la norma puntualiza que la duración de los ERTE por fuerza mayor que hayan sido aprobados por silencio administrativo queda limitada al periodo en el que se mantenga el estado de alarma, en iguales términos que los aprobados por resolución expresa de la autoridad laboral.

Precisamente por el juego del silencio administrativo (no resolución en el plazo determinado de cinco días desde la solicitud) y ante la lógica proliferación de ERTEs no aprobados expresamente por la Autoridad Laboral, se efectúa un recordatorio de imposición de sanciones a los empleadores que presenten solicitudes de ERTE falsas o incorrectas que provoquen el otorgamiento de prestaciones por desempleo a trabajadores que no cumplieran los requisitos o, expedientes de regulación temporal de empleo en situaciones en las que no se tengan conexión suficiente con el estado excepcional. Lógicamente para el caso de que se produzcan situaciones de fraude corresponderá al empleador el pago de las cuantías abonadas por el SEPE al trabajador.

Medidas de protección al empleo

Dos son los elementos fundamentales al respecto de las medidas de protección al empleo, una, la relativa a la imposibilidad de despido por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción; y otra en relación a la prórroga de los contratos temporales objeto de suspensión.medidas de protección al empleo

Imposibilidad del despido, con matices.

El artículo 2 del Real Decreto 9/2009 introduce una medida excepcional para la protección del empleo al eliminar la posibilidad de despedir o extinguir el contrato alegando fuerza mayor o las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Por lo tanto no cabe el despido en aquellos contratos que ya se encuentren suspendidos como consecuencia de un ERTE por fuerza mayor o, no estando suspendidos, aducir causas de carácter  económico, técnico, organizativo o productivo derivadas de la situación de alarma en la que nos encontramos.

Ahora bien, no habiendo señalado expresamente la condición de nulidad de ese despido, la realización del mismo únicamente podrá llevar a la calificación e improcedencia del mismo por lo que el trabajador frente al cobro de 20 días será indemnizado con 33 días por año trabajado (no deberá ser readmitido)

Logicamente, esa «prohibición de despido» no alcanza situaciones lícitas de despido derivadas de situaciones de temporalidad en empresas que no hayan suspendido la actividad como consecuencia del estado de alarma.

Prorroga de los contratos temporales

Para el caso de los contratos temporales en empresas con ERTE, el artículo 5 del Real Decreto Ley, prescribe la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, por lo que venciéndose el contrato durante el periodo de alarma, se prorrogará la contratación laboral por el mismo tiempo que faltara para su finalización tras la superación del estado de alarma.medidas de protección al empleo

Se insiste que esa prórroga no se producirá en aquellos contratos de trabajo no suspendido por ERTE  y que por tanto tienen una finalidad legítima basada en la temporalidad.

Facilidades para la gestión de la prestación por desempleo del trabajador afectado por ERTE

En el artículo 3 del Real Decreto Ley precisa (y modifica) el contenido del art. 25 RDLey 8/2020 a los efectos de la prestación por desempleo del trbajador en ERTE. Conforme al mismo se dan los siguientes cambios sustanciales:

Inicio del procedimiento para la prestación.

El reconocimiento de la prestación contributiva «se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación de aquéllas»

Datos que deben incluir la solicitud de la prestación a realizar por el empresario

La solicitud de inicio debe  ir acompañada con la aportación de un conjunto de informaciones por la empresa y  segmentada por cada centro de trabajo afectado conforme al siguiente detalle:

    • Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de jornada se soliciten.
    • Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de correo electrónico del representante legal de la empresa.
    • Número de expediente asignado por la autoridad laboral.
    • Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de inicio en que cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.
    • En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.
    • A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de aquellas para su presentación.
    • La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.

Plazo de comunicación

Esta comunicación debe remitirse en el plazo de 5 días, a computar según las siguientes situaciones:

    • desde la solicitud del ERTE en los casos de fuerza mayor ; o
    • desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso de ERTE por causas económicas, técncias, organizativas o productivas del art. 23 Real Decreto Ley 8/2020; o
    • para las solicitudes anteriores a la entrada en vigor del RDLey 9/2020 (debe entenderse de cualquier tipo de ERTE), a partir de su entrada en vigor.

Fecha de efectos de la situación de desempleo

La DA 3ª RDLey 9/2020 concreta la fecha de efectos de la situación por desempleo, distinguiendo entre ERTE por fuerza mayor (la fecha del hecho causante) y por CETOP (fecha coincidente o posterior a la de la comunicación de la empresa a la autoridad laboral la decisión adoptada). Por otra parte, la causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que se considerará documento válido para su acreditación.

 

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¿Puede un trabajador impugnar un ERE?

¿Puede un trabajador impugnar un ERE?

Impugnación de un ERE.

En los últimos días muchos trabajadores nos preguntan acerca de la posibilidad de impugnación de un ERE dado que muchas empresas están tramitando este tipo de expedientes frente a la suspensión de contratos mediante ERTE.

Te explicamos en esta entrada cuales son los pasos para impugnar un ERE

La situación actual derivada del COVD-19, no puede ser un coladero, para que las empresas realicen despidos indiscriminados (que ya venían incrementándose antes de esta crisis sanitaria) , bajo el amparo de la situación excepcional en la que nos encontramos, es por ello que debemos recordar los derechos que tienen los trabajadores para denunciar situaciones que no se ajusten a la legalidad.

¿Que es un ERE?

impugnar un EREEl ERE es básicamente un procedimiento mediante el cual una empresa en una mala situación busca obtener autorización para suspender contratos (modalidad del ERTE) o despedir trabajadores. Tiene como finalidad obtener de la autoridad laboral competente un permiso para suspender o extinguir las relaciones laborales en un marco en el cual se garantizan los derechos de los trabajadores.

¿Que formalidades debe tener un ERE?

De acuerdo con el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, se deben dar unos requisitos al respecto de los trabajadores y las causas.

Respecto al número de trabajadores afectados el ERE debe afectar ….

En un periodo de noventa días, el ERE deberá afectar al menos a:

    • Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
    • El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
    • Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
    •  la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquel se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial.

Respecto a las causas que amparan el ERE, estas deben ser

    • causas económicas: cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa
    • causas técnicas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción.
    • causas organizativas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción.
    • causas productivas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

Respecto al procedimiento a seguir en la tramitación de un ERE

El ERE  debe ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores y en función del resultado de esta negociación, se abren las diferentes vías de impugnación (art. 124 Ley de la Jurisdicción Social), en concreto, 4:

    1. por los representantes legales de los trabajadores
    2. por la autoridad laboral
    3. por el empresario
    4. por los trabajadores

Impugnar un ERE por un trabajador afectado

Como ha quedado señalado el trabajador afectado es uno de legitimados para acudir a la jurisdicción social para proceder a la impugnar un ERE. Lógicamente esa impugnación esta sometida a unas concretas circunstancias y requisitos circunstancias recogidas en los artículos 120 a 123 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Requisitos para impugnar un ERE por el trabajador cuando no haya sido impugnado por los representantes de los trabajadores

El trabajador individualmente afectado por el despido podrá impugnar el mismo cuando el despido colectivo no haya sido impugnado por los representantes de los trabajadores o la autoridad laboral, de acuerdo con las siguientes reglas específicas:

– El plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores.

– El despido del trabajador afectado por un ERE se declarará procedente la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación escrita.  En caso contrario, se declarará improcedente.

– El despido del trabajador mediante un ERE se declarará nulo cuando:

    • resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador
    •  se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los despidos colectivos.
    • La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad, embarazadas y los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo
    •  No se hayan cumplido los requisitos que exige la norma; cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentación prevista o no haya respetado el procedimiento establecido, o cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en que esté legalmente prevista.
    • No se hayan respetado las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.

Requisitos para impugnar un ERE por un trabajador cuando el ERE haya sido impugnado por los representantes de los trabajadores

Cuando el despido colectivo haya sido impugnado por los representantes de los trabajadores o la autoridad laboral, serán de aplicación las siguientes reglas:

-El plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliación judicial.

-La sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial tendrán eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedará limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a través del proceso regulado en los apartados anteriores.

-Será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.

Desde luego la impugnación de los ERE´s, con la intervención de la autoridad laboral y los  sindicatos que deben velar -ambos- por la acreditación de las causas de su celebración, no resulta una materia habitual para un trabajador individual, pero en momentos como el actual, conviene agudizar los elementos de control para que no se acojan a estos procedimientos situaciones que, en verdad, ocultan o un problema transitorio u otras causas alejadas a su objeto.

Si estas afectado por un ERE de extinción o un ERTE y tienes dudas al respecto puedes contactar con nosotros a través del WhatsApp de la página o a través de los medios tradicionales.

 

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No cotización del autónomo durante prestación de cese por coronavirus

No cotización del autónomo durante prestación de cese por coronavirus

Tras la avalancha de dudas surgidas tras la publicación del Real Decreto-Ley 8/2020, la Seguridad Social aclara la no cotización del autónomo durante prestación de cese por coronavirus.

La norma publicada el día 18 de marzo de 2020, de la que dimos cuenta en la entrada «cese actividad autónomos por coronavirus», no aclaraba si durante la no cotización del autónomo durante prestación de ceseprestación por cese de actividad por coronavirus que se regula en el artículo 17 del Real Decreto Ley, el autónomo debía seguir o no cotizando en el régimen especial de trabajadores autónomos ya que se limitaba a determinar en cuanto sus efectos en el punto número 3 que el tiempo de percepción de la prestación se entendía como cotizado y que no suponía consumo de los periodos futuros de prestación en los siguientes términos:

3. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro

Pues bien, la guía práctica publicada por la Seguridad Social a finales del día aclara que durante el periodo de prestación de cese por coronavirus el autónomo no debe proceder al pago de la cuota del RETA en los términos siguientes:

¿Esta prestación supone que quien no ingrese no paga cotizaciones?

Esta prestación va más allá. La prestación consiste en que quien cause derecho a la ella no solo la cobrará, sino que además no pagará las cotizaciones y se le tendrá por cotizado.

Se aclara de este modo la no cotización del autónomo durante prestación de cese por coronavirus por lo que el autónomo en esa situación podrá ser beneficiario de una prestación del 70% de su base reguladora, correspondiendo al Estado su cotización. Diferente es el caso del resto del colectivo de autónomos que no puedan solicitar la prestación que deberán seguir abonando las cotizaciones al RETA pese a la evidente bajada de ingresos derivados de la presente situación.

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Modificación régimen ERTE por coronavirus

Modificación régimen ERTE por coronavirus

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, adapta y modifica, las consecuencias de la aplicación de los ERTE por coronavirus.

La norma supone la  flexibilización y agilización de los procedimientos de ERTE a los que ya nos referimos en la entrada dedicada a los expedientes de regulación temporal de empleo  así como la mejora económica de la cobertura, tanto para los trabajadores como para los empresarios, con la pretensión de minorar en la medida de lo posible el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, priorizando  el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos.

Consideración de fuerza mayor a los efectos de los ERTE

El Real Decreto Ley 8/2020, acredita el carácter de fuerza mayor y por tanto justifica la genérica aplicación de esta modalidad de suspensión temporal de empleo a todos aquellas  que tengan como causa directa las pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.

Especialidades en el procedimiento de los ERTE por coronavirus

  • El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.
  • La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
  • La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
  • El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.

Consecuencias en la cotización en situación de ERTE por coronavirus

El Real Decreto-Ley establece como medida sustancial la exoneración del pago de las cuotas empresariales de seguridad social de los trabajadores en ERTE si la empresa tiene un numero inferior a 50 trabajadores. si el número de trabajadores es superior a 50 trabajadores la empresa seguiría abonando el 25% de la cuota patronal siendo exonerados de pago.

La exoneración en el pago, aclara la norma que no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.

La exoneración de cuotas se aplicará por la TGSS a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.

Medidas de protección de los trabajadores en situación de ERTE por coronavirus

Dos son las medidas principales de protección para los trabajadores en situación de ERTE por coronavirus que modifican el régimen general de este tipo de regulación de empleo.

  1.  El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, a todas  las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
  2.  No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

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Cese actividad autónomos por Coronavirus

Cese actividad autónomos por Coronavirus

El Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo establece, entre otras medidas de carácter económico y laboral , una regulación específica para el cese actividad autónomos por coronavirus aplicable al colectivo.

La medida crea, en los términos definidos por la norma «una prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria» como es la de la pandemia.

Aunque el colectivo de autónomos  ha criticado la tibieza de las medidas adoptadas por el Gobierno en el Real Decreto Ley, en especial, por no aplicar la exoneración de pago en las cuotas del régimen especial mientra dure la crisis, cierto es que la medida aprobada supone una leve ayuda a los trabajdores en este regimen especial que deben cesar (o suspender) el ejercicio de su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria.

Caracteristicas de la prestación del cese actividad autónomos por coronavirus

En los términos regulados en el artículo 17 del Real Decreto-Ley, la prestación aprobada tiene las siguientes características:

De carácter temporal:

  • es extraordinaria
  • tiene limitada su vigencia a 1 mes desde la entrada en vigor del Estado de Alarma (Real Decreto 463/2020) o hasta el último día del mes en que este estado de alarma finalice -si es más de 1 mes-

De carácter subjetivo:

  • afecta a los trabajadores autónomos afectados por la suspensión de actividades en el decreto de Estado de Alarma
  • o, para el caso de que las actividades del autónomo no sean de las suspendidas en el Decreto, su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento respecto al promedio de facturación de los 6 meses anteriores.

Los requisitos para la obtención de la prestación por cese actividad autónomos por coronavirus son los siguientes:

  • Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
  • Acreditar, en su caso,  la reducción de la facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección

Cuantía de la prestación por cese de actividad

La cuantía de la prestación es el 70% de la base reguladora del autónomo calculada por el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación. Ahora bien, cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización por la prestación de cese de actividad, la cuantía de la prestación será el 70% de la base mínima.

Duración de la prestación de cese actividad autónomos por coronavirus

La prestación extraordinaria  tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

¿Tiene que pagar el autónomo la cotización al RETA durante el periodo de cese de actividad?

Conforme ha aclarado la Seguridad Social, y aunque no se desprendía claramente de la propia norma, la prestación supone que quien cause derecho a la misma, por un lado cobrará la prestación y además no sólo NO PAGARA LAS COTIZACIONES sino que el tiempo que dure el cese le resultará como cotizado.

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NOTA DE ACTUALIZACION DE 8/04/2020:

Mediante el Real Decreto Ley 13/2020 de fecha 7 de abril de 2020 se produce una expresa derogación de la regulación dada a la prestación por cese actividad de autónomo en el Real Decreto Ley 8/2020, modificado por la DF1ª del Real Decreto Ley 11/2020 para proceder a una regulación más acorde (y quizá más clara) de la finalidad pretendida con la prestación por cese de actividad y de los requisitos para su obtención (sobre todo a los efectos de la acreditación de la disminución de ingresos) ….

Te lo explicamos en esta entrada: Así queda la prestación por cese actividad autónomos.

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